Comunicado de Prensa
Bogotá. En relación con las informaciones publicadas en un medio de comunicación de circulación nacional, relacionadas con una conversación entre el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia y un Oficial sindicado del delito de homicidio en persona protegida, me permito expresar:
1. Como hombre de honor, y en aras de la responsabilidad que entraña mi cargo, ofrezco disculpas públicas al señor Fiscal General de la Nación y, por su conducto, a los funcionarios de la entidad, y al país en general, por el desafortunado empleo de expresiones que considero, apresuradas y desobligantes.
2. Es necesario aclarar que estas expresiones se presentaron, luego que un Oficial, vía telefónica, manifestara su preocupación por la situación jurídica que afrontaba refiriéndose a un presunto montaje, lo que generó un comentario en el cual reconozco empleé palabras descalificadoras hacia el ente investigador y sus funcionarios.
3. Las conversaciones se presentaron en el año 2012, cuando me desempeñaba como Comandante del Comando Conjunto de Occidente, con sede en la ciudad de Cali. En ese sentido, debo mencionar que, partiendo del principio de la buena fe, asumí que las llamadas fueron realizadas cumpliendo con las normas establecidas por el régimen penitenciario y debidamente autorizadas por quienes tenían tal responsabilidad.
4. Debo aclarar que de las tres conversaciones relacionadas por el medio de comunicación, la titulada: agradecido mi general por el detalle que llegó a mi casa el día de hoy, no corresponde a mi voz.
5. Tengo plena tranquilidad moral, que no he intervenido en ninguno de los procesos de contratación a los que hace referencia la publicación.
En la forma como se presenta la información, podría entenderse que se tratara de un solo contexto, es decir, se presentan mis conversaciones con el oficial, unidas al tema de fondo, que es la presunta comisión de delitos en los procesos de contratación del Ejército. Por ello reitero, que una cosa es un infortunado comentario, dentro de una conversación privada, y otra diferente la indebida intromisión en procesos contractuales a los cuales se me quiere vincular.
6. Puntualmente, en lo que se refiere a las graves denuncias en estos procesos, serán los órganos de control quienes determinarán las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales. En ese sentido, es importante manifestar que se ha ordenado que el Inspector General de las Fuerzas Militares, señor Almirante Henry Blain, de forma inmediata, inicie las investigaciones correspondientes. De la misma manera el Comando del Ejército dispuso las averiguaciones del caso, y ofició a la Contraloría General de la República, para que sea allí donde se determinen responsabilidades en materia contractual.
7. Sabemos de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la sociedad, de su deber de investigar e informar, pues ello contribuye a la construcción y fortalecimiento de la democracia. Sin embargo ninguno de los audios publicados por la revista Semana, permite deducir que el Comandante General de las Fuerzas Militares haya participado en actos de corrupción.
8. Las Fuerzas Militares de Colombia, tienen plena conciencia del deber constitucional y el compromiso ineludible frente a la sociedad, por ello han enfrentado al enemigo con estoicismo, apoyando la decisión política de adelantar un proceso de negociación en procura de alcanzar un acuerdo de paz.
Sin embargo, la continua exposición a los medios de que vienen siendo objeto, como en el caso Andrómeda en el cual se vulneró la estrategia de la inteligencia militar sobre organizaciones criminales y terroristas, sumado a la publicación de fin de semana sobre posibles hechos de corrupción, genera un ambiente de desconfianza sobre una Institución legítima e indispensable para el fortalecimiento de la democracia.
Los colombianos, sin distingo alguno, pueden tener la certeza que sus Fuerzas Militares continuarán enfrentando todas aquellas amenazas que se ciernen sobre la sociedad, pues esa ha sido y será nuestra responsabilidad histórica, una decisión inquebrantable en procura de ofrecerles un escenario que permita garantizar el disfrute de todos sus derechos, y libertades, pero además el pleno desarrollo de su potencial humano.
