Los ‘aviones’ tolimenses que estafan en nombre de la Fuerza Aérea

El engaño se ha convertido en una forma de vida para las bandas que estafan a comerciantes de todo el país, haciéndose pasar por compradores del gobierno desde su sede en Ibagué.

-¿Aló?

-Buenas tardes, ¿estoy hablando con el señor Benjamin Molina?

-Sí, ¿con quién tengo el gusto?

- Con el capitán Carlos Humberto Quimbayo, jefe del departamento de contratación de la base CACOM1 de la Fuerza Aérea. Le llamo porque estamos cotizando precios para un proceso de contratación. Me pasó su contacto J.N. de la Alcaldía de Manta. Me dicen que hicieron un pedido con ustedes el año pasado y quedaron muy contentos. ¿Usted estaría en capacidad de surtir 40 computadores para el 17 de marzo?

- Sí, claro que sí.

- Perfecto, entonces en unas horas le estaremos enviando el pliego de condiciones para iniciar lo más pronto posible la contratación.

Con esta llamada del 13 de marzo de 2017 comenzó el calvario de Benjamin Molina quien -al igual que decenas de empresarios a lo largo del país- cayó en la trampa tendida por una red de estafadores que opera en el Tolima desde hace cerca de 20 años. Primero entregó 40 computadores a los delincuentes y luego 60, en espera de un pago de cerca de 200 millones de pesos que nunca llegó.

Lo que sucedió después quedó plasmado en la denuncia que presentó ante la Fiscalía.

La red de estafadores

De acuerdo con lo que pudo establecer SEMANA, Benjamín Molina parece haber sido engañado por una red de defraudadores profesionales que ha sido atacada en diversas ocasiones por las autoridades colombianas durante la última década, pero que sigue activa en la ciudad de Ibagué.

Desde 2008, las quejas por suplantación de identidad se han ido acumulando en las oficinas de la Fuerza Aérea y la Fiscalía en el Tolima; pero también en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, entre otros departamentos, en donde operan siempre de la misma manera.

Estos grupos son compuestos por al menos cinco personas. El que pone el billete y decide qué trabajos se realizan y cuáles no. Una secretaria que envía las solicitudes de cotización con las instituciones suplantadas y los contratos presuntamente autenticados en notaría. Dos pedidores, que se hacen pasar por mandos medios y altos de la Fuerza Aérea o del Ejército y un reclamador, que es el que da la cara y recupera la mercancía en casos complicados.

Recientemente, ante el incremento de capturas in fraganti de reclamadores, los estafadores han comenzado a contratar choferes que en ocasiones conocen el objeto de su labor y en otras no. Estos se añaden a la nube de ‘carritos’ que hacen vueltas pequeñas a nombre de la ‘empresa’ hasta que aprenden el negocio y escalan en la jerarquía.

En 2010, un primer operativo conjunto de la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Policía Nacional desmanteló una organización dirigida por Diego Fernández Lozano, alias Don Diego y aclaró un poco el panorama de la estafa en la región. Sin embargo, pronto la reemplazó otra, liderada por Alexander Rojas, alias Chirivico, que también cayó en 2013 y nuevamente en 2016. Después de ese arresto, pareció que se había instalado una tensa calma en la ciudad durante un tiempo, hasta que volvió la tormenta.

En contexto: Los estafadores que quisieron burlarse de la Fuerza Aérea

De acuerdo con Rafael, una fuente cercana al combo de estafadores -cuyo verdadero nombre se mantendrá en reserva por cuestiones de seguridad -el grupo que timó a Benjamín Molina hace menos de 6 meses estaría compuesto por jóvenes cercanos a alias Chirivico que retomaron el negocio, aprovechando la experiencia de los miembros de la banda a los que les fue concedida prisión domiciliaria. “Además, en este momento calculo que pueden haber, bajito, 10, 11 oficinas dedicadas a la estafa en Ibagué. Están por lo menos la de Chirivico, el Rolo, Careperro y Don Diego”, dijo.

El gran engaño

El grupo de Chirivico es acusado de haber estafado a por lo menos 30 empresarios a lo largo del país por un valor mayor a los 4.000 millones de pesos, contando únicamente el desfalco realizado a nombre de la Fuerza Aérea. En su noticia criminal se encuentra el rastro de 3 denuncias en su contra y de delitos de engaño que cometió desde el año 1998.

Pero el caso que realmente lo puso en el radar de las autoridades fue el del desfalco de 650 millones de pesos en bóxers y camisetas a la empresa UNICO INTERIOR de Antioquia que ocurrió en abril de 2016.

En esa ocasión, Alexander Rojas y sus compañeros se hicieron pasar por oficiales del batallón de infantería número 16 de Honda, en el Tolima, que querían comprar ropa interior para sus tropas y emplearon documentación con logotipos, firmas y sellos del ejército con los que engañaron a sus víctimas.

Puedes leer: Los estafadores que hackearon al Ejército

A diferencia de lo que sucedía en 2010, cuando los correos electrónicos falsos eran fácilmente identificables, estos sujetos se han ido profesionalizando. Ahora generan direcciones de e-mail como oficinadecontratos@ejercitomil.com.co o Contratos.cacoml@fac.mil.co, falsas páginas webs de las instituciones y disponen de sellos 3D que imprimen en los contratos para reforzar su credibilidad. Sin embargo, las únicas contrataciones que pueden realizar estas instituciones se encuentran en la página oficial de compras del Estado, Colombia Compra Eficiente.

Además de los grandes empresarios, decenas de pequeños comerciantes cayeron en las redes de esta banda de estafadores, con consecuencias que van en ocasiones mucho más allá de la pérdida de sus bienes. Un vendedor que tuvo que pedir un préstamo para completar el pedido de 10 millones de pesos de camarones que le fue solicitado murió de un infarto cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo.

Una de las vendedoras defraudadas en Medellín explica: “En ese momento pensamos que podía ser una estafa, porque eso es muy común en Colombia. Pero nos enviaron el link de un sitio web exactamente como el de la FAC con quien ya hemos contratado y como uno ve el nombre de una persona dentro la organización, que tiene el mismo nombre que la que trabaja en el área de compra y le dan hasta celulares y números fijos para ajustar los pedidos, uno se confía…”.

La laxitud de la estafa

Una de las ventajas con la que cuentan estos defraudadores son las normas que existen en Colombia respecto al delito de estafa en sus diferentes modalidades. Cuando existen las condiciones objetivas necesarias, el juez de garantías no tiene otra opción que otorgarles medida de aseguramiento domiciliario a los presuntos delincuentes, a menos de que incurran en alguna de las agravantes previstas en el código penal.

En caso de que utilicen prendas exclusivas del ejército, reiteren el delito o participen de un concierto para delinquir, podría generarse un concurso heterogéneo que los lleve a la cárcel, en caso de que la posible condena supere los cuatro años de prisión requeridos por la ley, explica el Coordinador del Área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, Álvaro Garzón.

Pero estos sujetos han cuidado de no rebasar los límites permitidos, educando a nuevos estafadores para no ser considerados reincidentes y defraudando generalmente en cuantías menores que no generan agravantes, toda vez que a este tipo de delincuentes se les aplica la extinción de dominio y se persiguen los bienes de posibles testaferros.

Recomendamos: Los estafadores que se tienen confianza

Esa podría ser una solución, sobre todo cuando se tiene en cuenta que varios de los familiares cercanos al jefe de la banda tienen apartamentos, camionetas y bienes lujosos ubicados en diferentes sectores de la ciudad de Ibagué, lo mismo que sus compradores que revenden bienes en San Andresito, en Bogotá, según detalló uno de los investigadores del caso de la fiscalía que solicitó anonimato.

Por el momento, una parte del proceso de esta banda, iniciado en 2015, se encuentra en manos del fiscal Leonidas Rojas de Ibagué. En tanto que uno de sus colegas logró este viernes la condena de alias Chirivico. Alexanoder Rojas fue sentenciado a 72 meses y 15 días de prisión, pero, por grave enfermedad dictaminada por Medicina Legal, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.