Operativo a minería ilegal en Chocó evidenció grave daño ambiental

Tras labores de inteligencia liderada por la Unidad Contra Minería y el Terrorismo de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional, y con acompañamiento de Fiscalía General y Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, en Río Quito (Chocó) se hallaron 25 dragones (estructuras flotantes de dos pisos) y un mismo número de maquinaria pesada como retroexcavadoras con el que se practicaba minería ilegal.

En total se destruyó maquinaria de minería ilegal avaluada en 51.000 millones de pesos, entre ella 19 de los dragones que, a diferencia de las dragas, son estructuras metálicas de mayor capacidad, con infraestructura distribuida en dos pisos y que son operadas por 10 a 15 personas.

Con estos artefactos se producen entre una y tres libras de oro cada semana. En el mercado, el valor aproximado es de 136 millones de pesos por kilo de oro. Asimismo, fueron destruidas 14 excavadoras avaluadas en 7.000 millones de pesos, aproximadamente.

“Se dice que por cada día de trabajo estas máquinas sacan una libra de oro. Además, se cree que en cada draga laboran de 10 a 15 personas de forma directa, más los indirectos que trabajan en la parte logística”, explicó el Brigadier Mauricio Moreno Rodríguez, comandante Fuerza de Tarea Conjunta Titan.

En el operativo contra la minería ilegal participaron casi 150 uniformados especializados, quienes llegaron a los campamentos mineros ubicados en Paimadó-Río Quito en más de 10 helicópteros.

“Además de las estructuras y maquinaria, también encontramos una grave deforestación y depredación del ecosistema en la zona. Esperamos que la naturaleza pueda resarcir el daño que ha hecho el hombre”, manifestó el coronel Juan Francisco Pelaez, comandante de Unidad contra la Minería Ilegal y terrorismo.

Los entables, son operados por grupos armados al margen de la ley. Según las autoridades, en la zona operan ‘los Gabo’ y el ELN quienes extorsionan, incluso, a otros ilegales. Sin embargo, en su mayoría son administrados por personas de nacionalidad brasileña, quienes emplean a pobladores locales, sin importar el grave daño que infligen al medio ambiente y a la salud.

Por ejemplo, en Río Quito, el daño ambiental supera los 1.000 millones de pesos, con una alta probabilidad de que no se pueda restaurar.

“Los entendidos en el tema hablan de que tardaría más de dos siglos en que la tierra se regenere. De igual forma hay que hacer trabajos de descontaminación y volver a reforestar los cráteres lunares que ha dejado esta actividad ilegal, además de tener un costo millonario. No lo veo posible en este territorio”, contó Pelaez.

Además, indicó que también investigan a “aquellos criminales de cuello blanco que patrocinan e instrumentan este tipo de actividad ilícita en el territorio”.

Por el momento no se han presentado capturas pues estos huyeron al escuchar los helicópteros y las condiciones del terreno facilitaron la huida. Sin embargo, acorde a cifras de MinAmbiente, en 2016 se realizaron más de 6.200 capturas por delitos ambientales en todo el país.