Ofensiva interinstitucional en Nariño logró importante golpe a las estructuras del crimen organizado

Por primera vez, el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Judicatura y el INPEC, a través de la operación Escudo II lograron de manera conjunta la realización de 113 operaciones y 126 allanamientos, en los que fueron capturadas 206 personas (120 por orden judicial y 86 en flagrancia).

Adicionalmente, fueron erradicadas 1.646 hectáreas de coca, intervenidos 34 laboratorios para el procesamiento de cocaína y ocupados 20 bienes, avaluados en 8.090 millones de pesos, entre estaciones de servicio, vehículos, barcos tipo tanquero, inmuebles y una aeronave que estarían al servicio de dos redes distintas dedicadas a la desviación de combustibles y al narcotráfico.

En 15 días de operaciones sostenidas, 'Escudo II' abarcó el 50% del territorio del departamento y benefició a 32 de los 64 municipios del departamento.

Balance

Las organizaciones criminales más golpeadas fueron los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr). 15 personas que harían parte de la Estructura 29 fueron capturadas, al igual que 10 presuntos integrantes de la Oliver Sinisterra, entre ellas un supuesto cabecilla urbano conocido como 'Mincho'; 9 detenidos y un neutralizado identificado con el alias de 'Pantera' pertenecerían a las Guerrillas Unidas de Pacífico, y 4 capturados más estarían vinculados a Los Contadores.

Las acciones investigativas y operativas permitieron esclarecer el homicidio de la personera municipal de Samaniego (Nariño), Paula Andrea Rosero Ordoñez, ocurrido el 20 de mayo del año en curso. El señalado autor material del crimen, Kevin Javier Mendoza Centeno, fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y judicializado por el delito de homicidio agravado.

De igual manera, fue detenido Lisandro Meza Daza, alias El Ratón, quien habría participado en el atentado contra José Astul Obregón Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango (Nariño), ocurrido el 22 de abril de 2019. Meza Daza fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego agravado.

'Escudo II' tuvo un componente de lucha contra la corrupción. Los alcaldes de La Tola (Nariño), Federman Riascos Lerma; de El Charco (Nariño), Milton Cuero Tejada; y de Mosquera (Nariño), Johan Vásquez Moreno, fueron capturados junto al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona; el contratista Eduardo Ghysais Vitola, y otros cuatro presuntos articuladores.

Los cinco particulares habrían entregado dádivas para gestiona irregularmente contratos ante diferentes entidades del Estado y alcaldías municipales con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones vulnerables. A los alcaldes, el consejero de paz y los demás detenidos la Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Finalmente, en la vereda El Cerro, en Magüí Payán (Nariño) fueron destruidas 11 excavadoras, 7 motores fuera de borda, 3 clasificadoras, 2 plantas eléctricas, entre otro tipo de maquinaria pesada con la que devastaron 35 hectáreas de bosque nativo para extraer ilícitamente oro. En el lugar se constató el grave daño ambiental ocasionado por el vertimiento de mercurio y otros elementos tóxicos al río Magüí, principal fuente de abastecimiento de agua a las poblaciones ribereñas.

En 'Escudo II' participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 unidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, 17 fiscales (11 especializados y 6 de la Seccional Nariño), 35 investigadores y 12 peritos del CTI, y contó con el apoyo de 7 jueces de control de garantías, 5 de ellos se desplazaron desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre.

Este nuevo modelo de intervención entre el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Judicatura y el INPEC, seguirá en marcha en otros puntos del país donde hacen presencia los grupos del crimen organizado.

En una primera operación conjunta realizada en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, en marzo del presente año, hubo 111 capturas, 52 minas ilegales intervenidas y 22 laboratorios para procesamiento de cocaína destruidos. Posteriormente, en la Operación 'Escudo I', desarrollada en Norte de Santander el pasado mes de julio, las capturas ascendieron a 143, fueron incautadas 3 toneladas de estupefacientes y desarticuladas 5 organizaciones de delincuencia organizada.

Operación 'Escudo' II – Nariño

La operación 'Escudo II' impactó los fenómenos criminales que más afectan a los pobladores de Nariño y logró importantes resultados en seis ejes fundamentales de intervención, ellos son:

CRIMEN ORGANIZADO

Seis organizaciones de crimen organizado fueron golpeadas en 41 operaciones (Estructura 29, Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, ELN y Cordillera Sur).

38 capturas corresponden a supuestos integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr), contra los que se realizaron 71 diligencias de registro y allanamiento. Otras tres detenciones serían de personas que harían parte del ELN.

En los procedimientos las unidades militares y de policía, y el personal del CTI de la Fiscalía, se incautaron de 23 armas de fuego, 3.961 cartuchos, 246 artefactos explosivos, 8 granadas, 3 chalecos antibalas, 213 detonadores y 64 barras de pentolita, las cuales fueron encontradas en un depósito clandestino ubicado en una zona boscosa de la vereda Moguí, en Tumaco (Nariño). Este material, según las investigaciones preliminares, iba a ser utilizado para atacar a la fuerza pública y afectar la infraestructura de la región.

Uno de los presuntos cabecillas urbanos del grupo residual Oliver Sinisterra en Tumaco cayó en la operación 'Escudo II'. Amir Eduardo Obando Castro, alias Mincho, fue capturado en el barrio Morrito y los funcionarios de policía judicial le incautaron una pistola calibre 9mm con 32 cartuchos para la misma y 3 teléfonos celulares.

La Fiscalía imputó a 'Mincho' por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Los reportes de inteligencia indican que este hombre, de 33 años de edad, habría entrenado y organizado un grupo que sería responsable de homicidios selectivos y de ataques con granadas contra los establecimientos comerciales de personas que se negaban a pagar extorsiones en Tumaco.

Los celulares incautados a 'Mincho' y otros elementos de prueba recopilados permitirán establecer la posible participación de este señalado cabecilla de la Oliver Sinisterra en varios crímenes, secuestros y agresiones a la población civil.

De Obando Castro se conoció que, supuestamente, hizo parte del frente 29 de la entonces guerrilla de las Farc y, al parecer, intentó desmovilizarse en 2016; sin embargo, no habría sido reconocido como integrante activo por los entonces jefes de esa organización, por lo que junto a 117 milicianos promovió una desmovilización masiva en marzo de 2017.

De otra parte, en una operación de asalto aéreo realizada en el corregimiento de San Sebastián, en zona rural de Tumaco, comandos especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional llegaron a uno de los puntos de concentración de alias Borojó, señalado cabecilla de las Guerrillas Unidas del Pacífico. En el procedimiento fue neutralizado uno de los supuestos jefes de una comisión de esa estructura criminal conocido como 'Pantera'. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, cerca de 500 cartuchos, proveedores para fusiles Galil y M – 4, radios de comunicaciones, una granada y un chaleco multipropósito.

A la denominada Estructura 29, el grupo residual más golpeado en la operación 'Escudo II', le fueron capturados 12 presuntos integrantes de una de sus redes narcotraficantes señalada de coordinar desde el cultivo y procesamiento de estupefacientes en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, hasta el envío de los cargamentos a Perú, Ecuador y Chile.

Entre los detenidos está Rogelio Ríos Medina, alias El Paisa, supuesto cabecilla encargado de las plantaciones, elaboración de las sustancias estupefacientes y transporte a los diferentes centros de acopio. Otro capturado fue identificado como Fabio Oswaldo Mejía Trejos, quien estaría a cargo del acondicionamiento de vehículos para camuflar los alijos de droga y dirigir los despachos hacia el extranjero.

En el curso de las investigaciones fueron incautas más de 6 toneladas de estupefacientes en 14 procedimientos, que estaban listas para ser distribuidas en zona de frontera y en Chile.

Los 12 capturados y 3 personas más notificadas en centros de reclusión, les imputaron los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y concierto para delinquir agravado.

AFECTACIÓN A LÍDERES SOCIALES

Las investigaciones puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional permitieron esclarecer dos hechos violentos contra líderes sociales, ocurridos este año en Nariño.

El primero, es el crimen de la personera municipal de Samaniego (Nariño), Paula Andrea Rosero Ordoñez, a quien le dispararon desde una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres armados. Gracias a los testimonios recopilados y las labores de policía judicial desplegadas, la persona que habría herido de muerte a la líder social fue identificada y ubicada.

Se trata de Kevin Javier Mendoza Centeno, detenido en Cali (Valle del Cauca) y presentado ante un juez de control de garantías como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Por solicitud del fiscal del caso, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los indicios darían cuenta de que una estructura narcotraficante del Pacífico Colombiano habría contactado en Cali (Valle del Cauca) a Mendoza Centeno y al hombre que, supuestamente, lo acompañó en la motocicleta, y les pagó para que viajaran a Samaniego (Nariño) y atentaran contra la personera. Las investigaciones avanzan para dar con el paradero de otros involucrados en el asesinato, entre ellos los determinadores.

El ataque a José Astul Obregón Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango (Nariño), fue el segundo hecho esclarecido en la operación 'Escudo II'. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el líder comunitario y le ocasionaron graves heridas en la pierna y en un pulmón. La agresión armada ocurrió el 22 de abril de 2019.

Lisandro Meza Daza, alias El Ratón, sería el autor material del atentado y fue capturado en Cali (Valle del Cauca). En audiencias de control de garantías fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego agravado. Por ahora, las indagaciones evidencian que alias Ratón y su presunto cómplice también fueron contratados en Cali (Valle del Cauca) para realizar el ataque. Las investigaciones continúan.

En la verificación de antecedentes judiciales se encontraron anotaciones contra Meza Daza por dos casos de tentativa de homicidio, por uno de ellos, ocurrido en Taminango (Nariño) en 2016, fue capturado y condenado.

NARCOTRÁFICO

Los diferentes eslabones de la cadena criminal del narcotráfico fueron golpeados en la operación 'Escudo II', desde las plantaciones y el procesamiento del estupefaciente, hasta el acopio y transporte de los cargamentos hacia las costas del Pacífico nariñense.

En solo Tumaco (Nariño) fueron erradicadas 1.646 hectáreas de hoja de coca, 1.352 hectáreas mediante erradicación manual y 294 hectáreas a través del mecanismo de aspersión terrestre. En las áreas intervenidas los grupos de erradicación constataron una acelerada deforestación de bosque nativo y la presencia de cultivos entre cosechas de plátano y otros productos agrícolas.

Con este resultado se evita la producción anual de algo más de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína, que podrían alcanzar un valor de 50 mil millones de pesos en Colombia y de 300 millones de dólares en el mercado ilegal de Norteamérica. Estas son rentas ilícitas que dejarán de recibir las redes narcotraficantes.

La producción de clorhidrato de cocaína fue afectada con la destrucción de 34 laboratorios. Los complejos narcotraficantes estaban activos y en funcionamiento, 19 de ellos fueron localizados en Roberto Payán, 7 en Olaya Herrera, 5 en Francisco Pizarro, 2 en Tumaco y 1 en Policarpa. En los procedimientos se incautaron 3 toneladas de insumos sólidos, 19.340 galones de insumos líquidos y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.

En otro frente de intervención, en las vías aledañas a las zonas de producción de droga, se realizaron seis incautaciones de droga, exactamente en Tumaco, Taminango, Aldana y Chachagüí (Nariño). En total se incautaron cerca de dos toneladas de estupefacientes entre cocaína, marihuana y heroína.

Finalmente, la Armada Nacional reportó el hallazgo de un semisumergible con capacidad para transportar hasta dos toneladas de cocaína. El artefacto artesanal estaba oculto en una zona manglar en la vereda La Vigía, en Mosquera (Nariño). La información de inteligencia recaudada indicaría que el semisumergible pertenecería al grupo residual Guerrillas Unidas del Pacífico.

ECONOMÍAS ILÍCITAS

Hidrocarburos

En la operación 'Escudo II' fue develado un esquema criminal diseñado para abastecer de hidrocarburos al narcotráfico y lucrar ilícitamente a las organizaciones criminales.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación identificaron cinco estaciones de servicio ubicadas cerca del casco urbano de Tumaco (Nariño), desde las que se hacían pedidos a las instancias legales que autorizan el abastecimiento del producto.

Con los permisos en orden, se realizaba el cargue del hidrocarburo en Yumbo (Valle del Cauca), los carrotanques cumplían el recorrido normal y los conductores reportaban en las diferentes estaciones la cantidad exacta avalada; sin embargo, a su llegada a Tumaco, parte del combustible era extraído y distribuido en barcos tanqueros y otros vehículos de carga que se encargaban de desviarlo a puntos distantes ubicados en El Charco, Pizarro, La Tola y Olaya Herrera.

El proceso era cerrado en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía (SICOM) como si el hidrocarburo quedara en Tumaco (Nariño) para suplir las necesidades de la población y la economía local, cuando en realidad estaba en manos de las organizaciones criminales.

En las indagaciones se constató que algunas de las bombas no tenían la infraestructura ni los elementos para cumplir con el suministro de gasolina, así que sólo servían de fachada para dar apariencia de legalidad al andamiaje ilícito.

Por estos hechos fueron capturadas 13 personas, entre ellas el señalado cabecilla identificado como William Ortiz Perlaza, alias Tigre; además de los articuladores y transportadores del hidrocarburo. Un fiscal especializado contra las Organizaciones Criminales formuló cargos a los detenidos por los delitos de destinación ilegal de combustible y concierto para delinquir.

Paralelamente al proceso penal, los bienes con los que se intentó ocultar el esquema ilegal fueron afectados por un fiscal de la Dirección de Extinción de Dominio con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivos.

Las cinco estaciones de estaciones de servicio, embarcaciones tipo tanquero y tractocamiones, bienes cuyo valor ascendería a los 4.400 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

Asimismo, establecimientos de comercio, vehículos de carga e inmuebles, avaluados en 3.100 millones de pesos, que pertenecerían a otra organización delincuencial dedicada a la desviación de hidrocarburos, también fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio.

A estas diligencias destinadas a afectar el patrimonio de las estructuras criminales se suma una aeronave que habría sido utilizada pare enviar cargamentos de droga hacia el extranjero. La avioneta, que en valor asciende a 700 millones de pesos, fue ubicada en el aeropuerto de Ipiales (Nariño).

De esta forma, la operación 'Escudo II' afectó con fines de extinción del derecho de dominio 20 bienes por 8.090 millones de pesos.

Minería ilegal

La ofensiva interinstitucional de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación intervino un frente de explotación ilícita de oro a cielo abierto en la vereda El Cerro, a un kilómetro del casco urbano de Magüí Payán (Nariño).

En el lugar fueron destruidas 11 excavadoras, 7 motores fuera de borda, 3 clasificadoras, 2 plantas eléctricas y 2.320 galones de ACPM.

Para evitar el desarrollo de las diligencias, los trabajadores del entable minero rodearon la maquinaria amarilla y lanzaron algunos motores al río Magüí. Ante la intervención rápida de las tropas y de los técnicos del CTI y la policía, varias personas atacaron a los funcionarios con piedras y afectaron los equipos de video utilizados para registrar el procedimiento, por lo que fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En el lugar se verificó el nivel de afectación del río Magüí y los expertos ambientales certificaron un impacto crítico por el vertimiento indiscriminado de mercurio y otras sustancias químicas; y la muerte de las especies acuáticas. Vale la pena destacar que esta fuente abastece de agua a las poblaciones ribereñas y, en varios tramos, sirve para el sostenimiento económico de los habitantes.

Adicionalmente, se constató la deforestación de 35 hectáreas de bosque nativo, un daño irreparable al ecosistema que podría ocasionar complicaciones mayores para la estabilidad del terreno y la biodiversidad de la región.

El material de prueba y los testimonios recopilados determinaron que el grupo residual Estructura 29 hace presencia en la zona. Al parecer, cobra a los mineros el 10% de los recursos ilícitos obtenidos por custodiar los puntos de extracción o permitir el ingreso de maquinaria pesada.

Los reportes indicarían que esta zona de minería ilegal tenía una producción diaria de 350 gramos de oro, cuyo valor se acercaría a 350 millones de pesos. Estos dineros dejarán de ingresar al patrimonio de las organizaciones criminales.

CORRUPCIÓN

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, detectó un presunto acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.

Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera.

Las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente estaban destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas. Los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos.

Por estos hechos fueron capturados:

• José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción. Fue detenido en Bogotá.
• Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería (Córdoba).
• Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco (Nariño), detenido en Palmira (Valle del Cauca).
• Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera (Nariño), detenido en Pasto.
• Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola (Nariño), capturado en Pasto.
• Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola (Nariño).
• Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco (Nariño).
• Wilmar Caicedo Campaz, contratista.
• Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista.

Los funcionarios y particulares fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a 8 de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera (Nariño).

Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas.

SEGURIDAD CIUDADANA
Siete organizaciones que afectan la seguridad ciudadana fueron desarticuladas en las diligencias de registro y allanamiento realizadas en la operación 'Escudo II'.

Sobresale la captura de los 7 presuntos integrantes de la banda Baccoloni, que sería la responsable de la falsificación de moneda nacional y extranjera en zona de frontera. Esta red delinquía por encargo y realizaba réplicas espurias de billetes de 20, 50 y 100 dólares, los cuales eran enviados a través de encomiendas a contactos en Ecuador y Perú.

Entre los detenidos está el presunto cabecilla conocido como 'Ronco' y otras personas encargadas de los diferentes procesos de falsificación. En las diligencias de registro y allanamiento fueron incautados más de 300 dólares y por lo menos 500 billetes de diferentes denominaciones de pesos colombiano.

Otras de las organizaciones desarticuladas son:

• R-Sim. 4 capturados en Pasto señalados de alterar equipos celulares reportados como robados.
• Los del Hueco. 13 detenidos en Pasto por tráfico local de estupefacientes.
• Los Calavera. 9 capturados en Pasto por tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
• Los Pisa. 7 capturados en Ipiales (Nariño) por secuestros y extorsiones en Putumayo y Nariño.
• Las Lisas. 5 capturados en Ipiales y Ancuya (Nariño) por secuestros y extorsiones.
• Los del Bingo. 9 capturados en Pasto por tráfico local de estupefacientes.