Impactos y consecuencias del uso de minas antipersonal: una mirada desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Desde el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 04 de abril, como el “Día Internacional para la Sensibilización Contra las Minas Antipersonal”. Esta fecha tiene como objetivo visibilizar las graves consecuencias que ha producido el uso de las Minas Antipersonal, MAP, como método de combate en el marco de los conflictos armados. El empleo de las MAP, Municiones Sin Explosionar, MUSE, y Artefactos Explosivos Improvisados, AEI, han generado afectaciones físicas y psicológicas en diferentes lugares del mundo, donde se ha experimentado el riesgo y peligro que representan estas armas de guerras.
El uso de estos artefactos está considerado como una infracción al Derechos Internacional Humanitario, ya que son armas indiscriminadas que causan sufrimientos innecesarios a los combatientes, civiles y demás seres vivos. Esto se encuentra estipulado en el Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales relativo a las prohibiciones o las restricciones sobre el uso de minas, armas trampa y otros artefactos de 1996; así como, en la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal de 1997. En Colombia, el uso de estas armas es considerado un delito a la luz del Código Penal Colombiano, específicamente en el artículo 367, que prohíbe la producción, almacenamiento, comercialización, transferencia y uso de MAP.
Para el caso colombiano, estas armas han tenido un efecto devastador tanto en la población civil como en los integrantes de la Fuerza Pública, especialmente, en las regiones más apartadas del país donde los Grupos Armados Organizados, GAO, utilizan las MAP como una estrategia de defensa para impedir el desarrollo de operaciones militares. Para el 2024, se registraron aproximadamente 9.826.986 víctimas del conflicto armado interno, de los cuales 12.825 han sido víctimas de MAP, MUSE y AEI, que representan el 13% del total de las víctimas. El año 2006 fue considerado como el más crítico, con 1.224 víctimas de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Aunque en los últimos años hay una tendencia a la disminución, en el 2020 se registraron 176 víctimas, el mayor número de afectados desde la firma del Acuerdo de Paz, según datos de la Presidencia de la República de Colombia.
Al realizar el análisis de la información, se observa una afectación diferencial dado que la mayoría de las víctimas pertenecen a la Fuerza Pública, con un total de 7.434, que representa un 59%; de estas, 14 son miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta afectación diferencial se debe a la naturaleza de sus actividades como servidores públicos en la defensa de la nación, ya que las MAP fueron empleadas por los GAO en áreas destinadas a los cultivos ilícitos, laboratorios de narcotráfico, campamentos guerrilleros, rutas para el tráfico de droga, caminos y fuentes de agua.
Las MAP, MUSE y AEI han causado la muerte de muchas personas y diversas afectaciones, como mutilaciones y daños psicológicos. Asimismo, estas víctimas enfrentan una alteración significativa en sus proyectos de vida, ya que estas acciones violentas generan cambios en sus comportamientos y condicionan el desarrollo de ciertas actividades. Por esta razón, es fundamental que, a través de la comunidad internacional, los Estados y las Organizaciones No Gubernamentales se unan esfuerzos para la eliminación de las MAP, MUSE y AEI, con lo cual se aporta ostensiblemente a la seguridad de las poblaciones y comunidades inmersas en los conflictos armados.
