En 2012 Colombia y Panamá firmaron un convenio binacional para desarrollar una estrategia conjunta de interdicción e interceptación destinada a impedir el uso de su espacio aéreo para el tráfico ilícito de armas y drogas. Eran momentos difíciles; desde el inicio de la década del 2000, las dos naciones afrontaban la arremetida de los grupos delincuenciales que transportaban toneladas de drogas ilícitas.